Hay personas que, al verse contrariadas, no buscan explicarse ni escuchar: buscan imponerse. No levantan un argumento, levantan la voz; no piden razón, exigen sumisión. Y cuando eso no basta, recurren a la violencia, que es siempre la confesión más clara de una derrota interior impulsada por la falta de inteligencia.
Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre y describir los hechos sin adornos ni evasivas, porque la ambigüedad suele ser la primera aliada de la impunidad.
En Miraflores, un conductor identificado como Manuel Acuña Forno avanzó con su vehículo sin detenerse en el crucero peatonal, asustando a una mujer con su paso intempestivo, por lo que ella, una médica que volvía a casa, golpeó levemente el automóvil para llamar la atención del conductor, gesto común y legítimo cuando se pone en riesgo la integridad de quien cruza. El conductor, lejos de mostrar arrepentimiento por la falta cometida, estacionó metros más adelante, descendió del vehículo, corrió tras ella y, aprovechando que estaba de espaldas, le propinó una brutal patada. No hubo discusión previa ni amenaza: hubo persecución y agresión. Eso no es un arrebato; es un acto deliberado de violencia física, agravado por la cobardía de atacar por la espalda.
El segundo caso, también ampliamente difundido, muestra a la congresista Kira Alcarraz durante una intervención de fiscalización. Mientras un agente realizaba el procedimiento correspondiente y otro registraba el acto con su teléfono celular, la parlamentaria reaccionó con gritos, insultos y un descontrol evidente. Le arrebató el celular al fiscalizador, interrumpió el acto y profirió improperios, intentando imponer su condición de autoridad para deslegitimar una acción legal. No fue un intercambio verbal acalorado: fue una agresión directa, intimidante y abusiva, ejercida desde una posición de poder. Violencia verbal y simbólica, igualmente punible.
A estos hechos se suman otros muchos que no llegan a ocupar titulares, desde el funcionario que humilla a un trabajador o a un usuario de su servicio, hasta el conductor que insulta a otros conductores o a peatones. Muchas veces, vemos a ciudadanos exaltados reclamando supuestos derechos que los pondrían por encima de los demás, gritando a los servidores públicos: «¡No sabes con quién te has metido…!». Y servidores públicos, a los que se les suben los humos, y no tienen la menor «vocación de servicio» y maltratan al público como si fueran dioses. Todo eso es violencia.
Violencia verbal muchas veces, amplificada por el cargo y agravada por el consumo de alcohol, que no atenúa la falta, sino que la agrava.
Estos casos comparten un mismo núcleo: la creencia de que el dinero o el cargo conceden más derechos que al resto. La idea peligrosa de que quien se siente superior puede golpear, gritar o humillar sin consecuencias. Y cuando esa idea no es sancionada con firmeza, se reproduce.
De manera lamentable, esta lógica de la agresión no se limita a hechos aislados ni a personas con cargo.
En muchos lugares del Perú, las fiestas populares y celebraciones, muchas veces, terminan teñidas con algunos actos de violencia. El alcohol y el machismo actúan como detonantes previsibles: basta una mirada o un empujón involuntario para que estallen golpes, y hasta brillen los cuchillos y, en no pocos casos, se termine contando muertos. ¡El lejano oeste quedó chico!
Hace algunos meses, en la avenida Arenas de Abancay —escenario reiterado de hechos lamentables y donde funcionan muchos locales de diversión sin licencia— un joven fue acuchillado por un miserable que reaccionó con violencia porque la víctima defendió verbalmente a una mujer que estaba siendo agredida. No fue un hecho excepcional: fue uno más entre cientos que se repiten con alarmante regularidad.
Y son muchos más: los fines de semana en las inmediaciones de la Av. Arenas hay innumerables agresiones protagonizadas por jóvenes ebrios, varones y mujeres, que no llegan a los titulares pero que revelan un problema estructural: la normalización del abuso, la exaltación de una falsa valentía asociada al alcohol y la persistencia de una cultura machista que confunde dominio con hombría.
Es necesario decirlo sin rodeos: no a la violencia, no al machismo, no al alcoholismo que sirve de excusa para el crimen.
Resulta, además, revelador que muchos de estos agresores solo exhiban «coraje» cuando están ebrios. Con tragos encima gritan, golpean y amenazan; sobrios, en cambio, se encogen como conejos. Sin el alcohol que los desinhibe, suelen mostrar personalidades frágiles, huidizas, incapaces de sostener siquiera una mirada.
Eso no es valentía: es cobardía amplificada por el licor y tolerada por una sociedad que, demasiado a menudo, mira hacia otro lado.
La violencia no empieza con el golpe. Empieza cuando se grita para callar al otro, cuando se insulta para imponer jerarquía, cuando se arrebata un objeto para intimidar. El cuerpo agredido y la dignidad atropellada forman parte del mismo delito moral y jurídico.
No estamos ante «excesos», «malos momentos» ni «reacciones humanas». Estamos ante conductas punibles que deben ser tratadas como tales. La justicia no puede ser selectiva ni tímida. Debe actuar con la misma severidad frente al ciudadano que patea a una mujer en la calle, frente a la congresista que agrede a un fiscalizador y frente al funcionario que humilla públicamente a un usuario o trabajador, o al cliente o usuario que maltrata a un trabajador.
Por todas estas razones, resulta incomprensible que las autoridades, en vez de invertir en obras necesarias y perdurables, estén invirtiendo en festejos que propician el alcoholismo y que terminan, muchas veces, en violencia.
Martin Luther King dijo: «No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos». Esa indiferencia, esa apatía que nos hace apartar la mirada de los actos indebidos e injustos para evitar problemas, hace mucho daño. La indiferencia envenena nuestra pasión por vivir, nuestra compasión por los demás, nuestros deseos de marcar la diferencia en la pequeña parte del mundo que habitamos.
Tolerar una sola de estas violencias es legitimar todas las demás. Y una sociedad que relativiza la agresión, sea física o verbal, no está siendo comprensiva: está renunciando a la convivencia civilizada.